El machismo en Ecuador sigue sosteniendo a la violencia de género

Aunque la cicatriz bajo el ojo derecho es pequeña, la herida caló profundo y es como si estuviese aún abierta, al igual que las de los otros golpes, esos que la hicieron pensar en separarse, pero que la atemorizaron lo suficiente como para no atreverse. Además, dice, no quería ‘dañar’ su hogar.

Quien solo para este relato será Martha, a sus 46 años admite que las creencias que tenía sobre su condición de mujer la forzaron a ser la protagonista de una historia de violencia, que al igual que ella han vivido al menos 6 de cada 10 mujeres en Ecuador, según la I Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres elaborada por el INEC, en el 2011.

Ese informe también refleja que con el 53,9% la forma más recurrente de violencia hacia la mujer es la psicológica, que tras ser tipificada en el Código Orgánico Integral Penal el 30 de enero registró por primera vez una sentencia que condenó a 30 días de prisión y al pago de $ 150 para el tratamiento de su pareja a Geovanny P.

Este es el contexto de una problemática social que, según Beatriz Bordes, presidenta de la Fundación María Guare, en el país empezó a ser denunciada por el movimiento de mujeres en los setenta y de la que a fines de los noventa, en el marco de los avances del derecho internacional de las mujeres y de los derechos humanos, el Estado asumió la rectoría presionado por las ONG.

Lo hizo instaurando, en 1994, –vía acuerdo ministerial– las primeras Comisarías de la Mujer y la Familia (actuales Unidades Judiciales de Violencia contra la Mujer y la Familia manejadas por el Consejo de la Judicatura), que en el país se constituyeron en los primeros espacios legales que atendieron los problemas de violencia intrafamiliar y que, a su vez, por primera vez le permitieron a la mujer denunciar a su conviviente por agresión, algo no permitido en el Código de Procedimiento Penal de 1983.

Con las comisarías se visibilizó el problema y se dio paso a que, en 1995, se promulgara la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia (Ley 103).

En el 2007, año del que ni la Fiscalía ni la Judicatura proporcionaron cifras de denuncias a este Diario, el Decreto Ejecutivo 620 declara como política de Estado la erradicación de la violencia de género, para lo cual se elaboró el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres, que desde el 2014 preside el ministerio de Justicia e involucra a los del Interior, Salud Pública, Inclusión Económica y Social, Educación y a los Consejos para la Igualdad de Género e Intergeneracional.